No estima las alegaciones presentadas por el club a su primera decisión de mantener los plazos vigentes. Entiende que no se han acreditado causas ajenas que justifiquen cinco años más de prórroga

La Actuación Territorial Estratégica (ATE) que afecta a los dos estadios del Valencia CF tiene las horas contadas. El club había fiado su continuidad a la solicitud de una prórroga que la Conselleria de Economía Sostenible ha rechazo dos veces: la petición y el recurso de alegación a la primera negativa. A Meriton solo le queda la vía judicial para conseguir más tiempo con el que ejecutara un plan que, si bien tiene de plazo global hasta 2025, ya ha incumplido dos de sus fases y se enfrenta a la nulidad recomendada Abogacía de la Generalitat.

El Valencia solicitó el pasado mes de abril una prórroga de la herramienta urbanística hasta 2030, con el compromiso de tener el nuevo estadio de la Avenida de las Cortes acabado en 2026. La razón en la que basaban esta petición en que cuestiones ajenas al club (especialmente la retirada del comprador de las parcelas de Mestalla y crisis Covid) le habían impedido obtener la financiación necesaria para retomar las obras y cumplir lo plazos.

Economía, con informes del Ayuntamiento de Valencia y la conselleria de Territorio, no estimó esta petición el pasado ocho de julio. Casi 20 días después, en las alegaciones presentadas por el Valencia a esta primera denegación, reiteraba argumentos pero, además, señalaba a los funcionarios municipales como causantes del retraso. La estrategia no ha funcionado.

La conselleria de Rafael Climent ha denegado las alegaciones y mantiene los plazos vigentes porque «no se han acreditado causas ajenas al Valencia Club de Fútbol, SAD, que justifiquen la concesión de la reorganización y prórroga en los términos solicitados, ni tampoco que el tiempo perdido sea igual o superior a cinco años, que es el de la prórroga solicitada». Es más, ya advierte de que el club recibirá más «penalidades por los incumplimientos parciales de las fases de ejecución». De momento, el Valencia se enfrenta a un expediente de sanción de 2,3 millones de euros por el incumplimiento de la fase 1, que debía estar concluida en 2018.

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